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NOTA DE ANÁLISIS N°28 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARIAS EN NUESTRO PAÍS

Las políticas alimentarias son el conjunto de acciones e iniciativas del Estado desarrolladas para resolver el problema de la inseguridad alimentaria y nutricional mediante leyes, planes, programas, presupuestos e instituciones relacionadas con el hambre, la desnutrición, la pobreza y la malnutrición.

 

Las políticas públicas en materia alimentaria fueron creadas e implementadas en el período 2006-2016 tanto por el Estado Nacional como en las Provincias de nuestro país.

Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada en el año 2015 en Argentina, realizada tomando los indicadores antropométricos usados de la OMS, la prevalencia para todo el país de desnutrición crónica fue 8,0%, la desnutrición global fue 2,1%, la desnutrición aguda fue 1,3% y obesidad fue 10,4%.

El amplio espectro de acciones frente a este grave panorama, ante un marco normativo que establece en claros términos la obligación de los Estados de atender al Derecho a la Alimentación de todas las personas, ha de ser guiado por las directrices fundamentales establecidas por la FAO en su Guía para legislar sobre el Derecho a la Alimentación, al mencionar como fundamental el “considerar adoptar una estrategia nacional de derechos humanos basada en la progresiva realización del derecho a la adecuada alimentación, en un contexto de seguridad alimentaria nacional y como parte de una estrategia de desarrollo más abarcativa contra la reducción de la pobreza”

Esta recomendación pone de manifiesto que el grado de realización de las políticas públicas trasciende el ámbito normativo y se inmiscuye en el ámbito sociológico, encontrando incidencias relacionadas con la demografía, la economía, el género, la edad y la zona geográfica. Este doble análisis, intrínseco y extrínseco, se condice a su vez con los aspectos constitutivos del derecho a la alimentación: la obligación del Estado de asegurarlo, y el goce efectivo del derecho. Se afirma en consecuencia la insuficiencia del mero reconocimiento normativo como método eficaz para el aseguramiento del Derecho, y el necesario rol estatal en la concreción del mismo.

A nivel nacional se advierte la existencia de tres políticas públicas focalizadas en el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía: el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, la Asignación Universal por Hijo y el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación. Las dos primeras se implementan mediante mecanismos relacionados con la erradicación de la pobreza. En particular, aquella primera fue originalmente creada como una acción de emergencia destinada a tal fin, y la Asignación Universal por Hijo es un Programa de Transferencia Condicionada que nace como un programa regular, destinado a aquellos que no forman parte del mercado formal ni son beneficiarios de otra política de asistencia social. Asimismo, tres políticas públicas se orientan al derecho a la alimentación de la población materno-infanto-juvenil, las que fueron creadas por Ley Nº 26.873, Ley Nacional N° 25.459 y el Programa Promin Materno Infantil. Es importante destacar, que aunque con distinta modalidades, los tres programas prevén la promoción de la lactancia materna y la entrega de leches para los lactantes. Por último, la Ley Nº 26.588 atiende en particular al derecho a la alimentación de los pacientes con celiaquía, asegurando su alimentación sana, segura y saludable reglamentando la venta, comercialización y distribución de productos sin T.A.C.C., y asegurando su acceso al obligar a las obras sociales a brindar cobertura de premezclas y alimentos especiales.

Carencia de un órgano encargado de la evaluación de políticas públicas

Dentro del análisis de este tipo de políticas, es importante la función de corroborar el cumplimiento de las metas y el correcto empleo de los recursos públicos aplicados a los programas de desarrollo social. Las instituciones de evaluación apuntan a generar conocimiento y aprendizajes sobre las políticas públicas para tomar mejores decisiones sobre las intervenciones estatales que afectan la vida de las personas. En este sentido, es menester destacar que la Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función política de monitorear y evaluar. Tampoco cuenta con una arquitectura normativa capaz de dotar de direccionalidad política a la función de evaluación en el Estado. Las leyes que existen se enfocan en el control de gasto y no interpelan sistemáticamente los resultados de desarrollo que se logran.

 

Desafíos futuros

Del análisis de las categorías propuestas surgen las grandes ausencias en los aspectos tanto institucionales como sustanciales en la implementación del derecho a la alimentación. En primer lugar, debemos reiterar la ausencia de una Ley Marco del Derecho a la Alimentación que establezca procedimientos administrativos homogéneos de acceso a los programas sociales, su transparencia, publicidad, coordinación, aplicación y control por órganos especializados. Asimismo, la mayor participación ciudadana también depende de la concientización de la alimentación como un derecho establecido y regulado en una misma ley para todos los argentinos. Al propio tiempo, una Ley Marco del Derecho a la Alimentación haría posible que la misma sea una auténtica política de Estado, gozando del amplio consenso y compromiso político, institucional y social para la realización efectiva de este derecho.

 

Imagen de huertas en casa

Satisfacción de necesidades alimentarias en tensión

Los alimentos al ser mercancías son producidos para satisfacer en primera instancia, la valoración de capital, que es la necesidad fundamental del capitalismo y no para que todos accedan a los alimentos. En esa tensión estructural, la alimentación es una construcción social y también lo es el proceso de la producción, distribución y consumo de alimentos, lo cual permite dar cuenta de que las tensiones contemporáneas a la problemática alimentaria están atravesadas por el problema del acceso a los alimentos y a las características de cómo se constituye toda esta cadena del proceso de producción de alimentos.

Para analizar más detalladamente la cuestión de qué alimentos se obtienen de la producción agraria argentina, se tendrán en cuenta los datos que provienen de la producción, exportación e importación y las recomendaciones alimentario nutricionales de las Guías Alimentarias para la Población Argentina. En este sentido hablarán sobre una baja disponibilidad de algunos alimentos (frutas, verduras, leches) debido al menos en parte a la gran expansión de la producción de granos. Sin embargo, enfatizarán sobre el acceso a los alimentos como factor clave y en relación a ello sobre el aumento creciente y sostenido de los precios de los alimentos.

El consumo de alimentos es también desigual ya que su acceso lo es, los ricos acceden a micronutrientes que permiten una mejor nutrición y los pobres acceden mayoritariamente a los alimentos baratos que tienen disponibilidad energética en grasas, azúcares, carbohidratos y sal, son alimentos rendidores, que dan saciedad y gustan. Por ello los cuerpos hablan y llevan consigo la desigualdad social: ricos flacos y gordos pobres. Hay problemas en el consumo porque la industria y producción mundial ha llevado a un consumo que también lo es, e impuesto un patrón alimentario también mundial poco seguro y poco saludable, así la comida escapó del control de los comensales, se perdió soberanía sobre los alimentos.

 

FUENTES: fundesp.org- www.politicasalimentarias.com