La licitación que llevó a cabo el Tribunal Electoral de la provincia de Salta, adjudicó el servicio de Voto con Boleta Única Electrónica y de Recuento Provisorio de Votos, a la empresas Magic Software (MSA), por un monto que supera ampliamente los costos de las elecciones del 2023.
En los comicios de 2023 el monto de la contratación rondó en los $990 millones, de modo que el costo de las elecciones provinciales de medio término del próximo 11 de mayo será un 456% mayor que hace dos años.
De acuerdo a lo informado en distintos medios, por el Secretario Electoral de la Provincia, Dr. Pablo Finkelstein, se estima que el monto fi nal de la contratación rondará en los $5.500 millones». Se supo también que el proceso licitatorio se inició en enero y que MSA fue la única oferente, la empresa operadora inamovible en la provincia desde hace 14 años.
«¿Por qué esta es la única empresa que se presenta a este tipo de licitaciones?», le preguntó otro de los periodistas que lo entrevistaron. Ante este cuestionamiento Finkelstein respondió: «No tengo una respuesta. El Tribunal hizo la convocatoria, como la viene haciendo desde hace más de diez años, dándole la más amplia difusión a nivel local, nacional, e incluso se ha llegado a hacer convocatorias internacionales, y lo cierto es que, más allá de algunas consultas que hemos recibido en procesos electorales anteriores, la única oferente es la empresa MSA».
En las elecciones de 2023, la provincia de Córdoba, con un padrón de electores muy superior al de Salta, gastó $250 millones, o sea casi cuatro veces menos en relación con la cifra erogada ese año en la provincia. Ya por entonces, desde distintas fuerzas políticas se insistía por la boleta única de papel, pero la continuidad de MSA terminó, una vez más, reafi rmada contra viento y marea.
Consultado sobre el aumento exponencial del contrato con MSA, con respecto al del año 2023 en el servicio de MSA, el secretario del Tribunal Electoral de la Provincia respondió que «entre aquel año y este el país sufrió una crisis económica innegable que sufrimos todos y obviamente repercute en los costos que supone la organización de una elección».
A contramano. Salta es una de las pocas jurisdicciones que aún mantiene el voto electrónico. Mendoza, Córdoba y Santa Fe abrieron en el país el uso de la Boleta Unica de Papel (BUP), un instrumento electoral que se estrenará en los comicios legislativos nacionales de octubre y que se considera mucho más simple, fi able, transparente y económico.
Otro periodista hizo notar que Salta es una de las pocas jurisdicciones que usan el voto electrónico y que en los últimos comicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sistema de MSA recibió duros reproches de la Justicia. «Me parece que hubo ahí algunas cuestiones a nivel organizativo, porque la elección fue concurrente, es decir, que debían convivir el sistema tradicional de boleta partidaria con la boleta única electrónica y eso generó algunas demoras, pero hay algunas referencias a nivel prensa de que incluso se podría hacer la elección de este año en la ciudad de Buenos Aires con el sistema de boleta única electrónica», puntualizó.
Opiniones.
En un artículo que se publicó en forma reciente en el diario El Tribuno, el abogado especialista en informática y ciberdelitos, Dr. Adolfo Áraoz Figueroa, sostuvo que si bien la rapidez del escrutinio es importante, la transparencia es esencial.
El debate sobre el voto electrónico no es simplemente una cuestión de modernización, sino de principios fundamentales como la transparencia, imparcialidad e independencia del proceso electoral. A diferencia de otros servicios públicos, la administración del sufragio debe tratarse con un criterio restrictivo o prohibitivo en lo que respecta a la intervención del sector privado.
Expertos en la materia, como el politólogo Daniel Zovatto, han advertido que la discusión se ha planteado en términos falsos: no se trata de elegir entre lo viejo y lo moderno, sino de garantizar la integridad del proceso electoral. La experiencia internacional muestra que menos de diez países han adoptado el voto electrónico, mientras que la mayoría utiliza sistemas como la boleta única de papel, por su efi cacia y credibilidad.
En Salta, persisten dudas sobre la falta de acceso al código fuente del sistema utilizado, una cuestión clave para garantizar la transparencia. A pesar de los reclamos de expertos y organizaciones, las autoridades han negado su revisión, generando incertidumbre sobre la fi abilidad del sistema. La situación contrasta con países como Brasil, donde el acceso al código está garantizado.
Más allá de la conveniencia tecnológica, delegar la soberanía del proceso electoral a una empresa privada sin el debido control pone en riesgo la confi anza en el sistema democrático. La administración electoral debe permanecer en manos del Estado y garantizar a la ciudadanía la posibilidad de auditar cada aspecto del proceso.
Desde FUNDARA, seguimos sosteniendo nuestra posición en contra de este sistema poco transparente, poco o nada confi able, inequitativo y antieconómico. La provincia no debe seguir delegando una responsabilidad del Estado en una empresa privada, y mucho menos, sin el control pleno de los fi scales.