EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA: UNA DE LAS DEUDAS PENDIENTES
MÁS GRAVES DE ESTE GOBIERNO
Los datos son categóricos: la asignación de recursos para viviendas en estos últimos años ha caído ininterrumpidamente. Según datos provenientes de la Oficina de Presupuesto de la provincia, los montos asignados para las construcciones correspondientes al Instituto Provincial de la Vivienda han caído drásticamente: no han superado el 3,75% del presupuesto en los últimos cuatro años, incluido el presente, mientras que el promedio apenas superó el 3,5% del total de lo asignado a los gastos totales de la administración pública provincial.
Esta disminución de la inversión en viviendas es poco congruente con la gravísima situación de déficit habitacional que sufre la provincia, necesidad que coloca a Salta como la cuarta jurisdicción con peor indicador. Es decir, unas 74.757 familias en la actualidad necesitan una vivienda nueva, es decir, el 28% de la cantidad de hogares salteños.
Estas cifras irrefutables contrastan con las grandilocuentes declaraciones de los funcionarios vinculados a la actual administración de gobierno. En el cuadro a continuación se puede observar el comportamiento descripto anteriormente.
El informe de auditoría anual para el periodo 2012 proveniente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación arroja un dato lapidario. Salta durante el año 2012 presentó la peor campaña en cuanto a ejecución y terminación de viviendas, es así que durante todo el periodo bajo consideración la provincia sólo pudo terminar 415 viviendas. Este resultado es el peor del que se encontraron datos, este nivel tiene sólo correlato con lo ejecutado en 1982 y 1990, periodos en los que se pudo terminar 436 y 425 viviendas respectivamente.
Asimismo, el informe, muestra que los montos transferidos en concepto de Fondo Nacional de la Vivienda y Programas Federales sumados a los provenientes del recupero de cuotas del Instituto Provincial de la Vivienda, durante el periodo 2012 fueron superiores a los 484 millones de pesos, sin embargo, estos nuevos ingresos no fueron volcados íntegramente a viviendas, es así que de los 600 millones con los que contaba de recursos el estado provincial destinados para vivienda, sólo invirtió en obras poco más de 290 millones, es decir aproximadamente el 48,5% de los montos disponibles por el IPV.
Lo que resulta altamente llamativo es la existencia de un plazo fijo con rendimientos menores a un 16% anual, en una jurisdicción donde el déficit habitacional es apremiante y en un contexto de una inflación anualizada del 25,6%, lo que implica un deterioro de los recursos afectados ante la falta de planificación de una política de viviendas adecuada a los requerimientos de la sociedad salteña.
Los montos no utilizados por el gobierno provincial, podrían haber sido utilizados para la construcción de más de 1600 viviendas si se toma como el costo de la construcción el expuesto por COPAIPA para una vivienda FONAVI de 44 metros cuadrados en diciembre de 2012.
Otro dato a destacar de dicho informe muestra que muchas de las obras inspeccionadas por el organismo de contralor que ya deberían estar terminadas y entregadas fueron encontradas en un claro retraso a la ejecución esperada:
- 20 viviendas en Rosario de Lerma. Avance real: 36,75%;
- 40 viviendas en Metán. Avance real: 77,69%. Obra iniciada en el año 2009;
- 48 viviendas en Metán. Avance real: 73,41%. Obra iniciada en el año 2010;
- 20 viviendas en Metán. Avance real: 38,76%.
El retraso de las obras que deberían estar terminadas en el periodo bajo análisis generan una mayor cantidad de recursos que la provincia tiene que erogar para su terminación, generando una pérdida financiera en detrimento de la provincia y de potenciales obras futuras que se puedan ejecutar con estos recursos.
Es evidente que los indicadores expuestos como ser, la menor participación de los recursos destinados a vivienda en el presupuesto, el record histórico de menores viviendas terminadas por año, la subejecución de los recursos disponibles y el retraso de las obras ya comenzadas no muestran otra cosa que el abandono a una de las políticas que con mayor énfasis pide la población en la provincia de Salta. Medidas concretas que tiendan a solucionar el drama de no contar con el techo propio que el 28% de los salteños sufre.